Racionalidad pacífica. Una introducción a los estudios para la paz

La jurisprudencia actual del Tribunal Supremo aplica de forma generalizada los llamados «criterios de imputación objetiva» para resolver asuntos de Derecho de daños. Al mismo tiempo, estos criterios se han incluido como «factores de delimitación del alcance de la responsabilidad» en los «Principios de Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil» (PETL). El éxito de la imputación objetiva resulta evidente para cualquiera que se asome al panorama doctrinal y jurisprudencial actual en esta materia. Sin embargo, se trata de un éxito que plantea dudas de gran calado: ¿De dónde han...

El presente libro ha sido elaborado, en aras de alcanzar el objetivo antes delineado. Para esto, ha sido dividido en dos partes con el fin de facilitar el análisis del interrogante planteado anteriormente.En la primera parte, el interés al estudiar los elementos constitutivos de la amnistía como figura exclusiva de la competencia del Estado, es el de establecer los límites y directrices que deben ser observados por éste al momento de optar por su aplicación.En la segunda parte, se establece cómo el deber de salvaguardar los derechos humanos es considerado por la comunidad internacional ...

El 'nuevo Estado franquista', configurado jurídicamente por medio de las denominadas Leyes Fundamentales, incluye en si un entramado institucional a las Cortes, órgano de rancia tradición en la historia peninsular, aunque ahora notablemente transformado. Su dirección sigue recayendo en la figura del Presidente, pero se le dota de tales poderes que lo convierten en una figura clave en el desenvolvimiento político-jurídico de nuestro país durante cuatro décadas. Y esa es precisamente la intención de los autores de esta monografía, el desgranar las competencias y funciones de la...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...