La relevancia del título oficial del perito criminalístico nombrado por el Juez en la jurisdicción penal española1 (2ª parte) y la libertad de opinión del perito oficial nombrado por el Juez en materia científica.

Ricardo Alonso García es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Premio Extraordinario). Ha sido Investigador Visitante en las Universidades de Harvard y Nacional Autónoma de México, e impartido cursos de postgrado en foros europeos y latinoamericanos, incluida la Academia de Derecho Europeo de Florencia. Entre otras publicaciones, puede destacarse “El juez español y el Derecho comunitario”, Premio “Rafael Martínez Emperador” 2002, del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente es Catedrático de Derecho Administrativo y Comunitario de la Universidad...

PRESENTACIÓN Se puede decir que a José Luis Goñi le conocen todos o casi todos los abogados marítimos y muchos otros profesionales del sector marítimo, por lo que no es necesario extenderse en su presentación. Por eso mismo, tampoco es necesario profundizar en su enorme valía como excelente jurista, como brillantísimo abogado, como árbitro o como profesor, ni en los numerosos logros profesionales que tuvo en todas las facetas que tuvieran que ver con el Derecho, ni incluso en su notable presencia en las instituciones más representativas del mundo del Derecho Marítimo. Dedicado al...

Esta obra es fruto de las XXV Jornadas ordinarias de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales sobre "La gobernanza del interés público global" celebradas durante los días 19 y 20 de septiembre de 2013 en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Esta obra reúne un conjunto de trabajos de la doctrina internacionalista española sobre las nociones de gobernanza y de interés público global; sobre los principales actores de dicha gobernanza; sobre la protección del interés público global por medio de políticas públicas y de normas...

El objeto del derecho a la protección de datos es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que extiende su garantía no sólo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por el artículo 18.1, sino a lo que el Tribunal Constitucional ha definido como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, unidos al respeto de la dignidad personal, el derecho al honor y el pleno ejercicio de los derechos de la persona.