La relevancia del título oficial del perito criminalístico nombrado por el Juez en la jurisdicción penal española1 (2ª parte) y la libertad de opinión del perito oficial nombrado por el Juez en materia científica.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en...

Colombia enfrenta un activo momento de reformas de sus sistemas procesales y de administración de justicia. Estos cambios crean el ambiente propicio para la renovación de las reflexiones teóricas y jurisprudenciales sobre el tema procesal, lo que permite la aparición de múltiples discursos: desde los tradicionales que desentrañan el renovado marco normativo, hasta las reflexiones críticas que dan cuenta de la presencia de nuevas conciencias jurídicas enfocadas en repensar la función de los estudios procesales en el marco de tensiones culturales, económicas, constitucionales y...

Estudiar para una oposición requiere conocer la convocatoria, el temario, revisar exámenes anteriores y cumplir los requisitos. En época de crisis aumenta el número de personas que se presenta a una oposición. Si se consigue una plaza, los afortunados se asegurarán un empleo o, en otros casos, tendrán la opción de formar parte de una bolsa de trabajo a la cual las instituciones recurren para cubrir bajas o puestos con carácter temporal. Una de las claves del éxito es la preparación previa, ya que de ella dependerá en gran medida el resultado. Los cuatro aspectos fundamentales son: ...

La responsabilidad patrimonial de la Administración pública es considerada como una de las mayores garantías de los ciudadanos frente a los daños consecuencia de la actividad (o inactividad) por parte de los poderes públicos. Durante décadas se ha defendido a ultranza el carácter objetivo de este tipo de responsabilidad basado en la idea de antijuridicidad del daño. Esta caracterización es revisada a lo largo del presente trabajo donde se pone de manifiesto cómo los sistemas de responsabilidad patrimonial de la Administración y la responsabilidad civil cada vez son más próximos,...