La relevancia del título oficial del perito criminalístico nombrado por el Juez en la jurisdicción penal española1 (2ª parte) y la libertad de opinión del perito oficial nombrado por el Juez en materia científica.

El único elemento que permite definir e individualizar el Estado Federal, o, si se prefiere, políticamente descentralizado, es el de la protección constitucional de la autonomía, que se articula, básicamente, a través de una Constitución rígida y la existencia de algún mecanismo de control de constitucionalidad. En nuestro Derecho, este instituto reviste especiales y notables singularidades. En efecto, la constitucionalización del principio dispositivo ha determinado que el definitivo reparto, territorial y funcional, del poder político se haya verificado no en la Constitución...

Hace poco más de un año entró en vigor la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. La ley tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se...

Esta obra se centra en el análisis del artículo 123 in fine de la Constitución Boliviana de 2009 que literalmente contempla la retroactividad de la ley penal en materia de corrupción. En virtud a ello se determinan tensiones normativas en el ordenamiento jurídico constitucional boliviano, que se materializan inequívocamente en la esfera nacional e internacional, pero principalmente repercuten y afectan directamente a los pilares sobre los que descansa la democracia y el Estado de Derecho. Tensiones que se agudizan al observar el controvertido precepto constitucional a la luz de los...

El libro responde a la pregunta que plantea en su título (¿Cómo poner en práctica el gobierno abierto?), mostrando como guía de trabajo a juristas interesados las múltiples aristas que presentan tanto el denominado «Gobierno abierto» como los «datos abiertos», términos relacionados con los primeros. Los trabajos, articulados en doce capítulos, dan respuesta a la interrogante del título mostrando dos respuestas básicas: las razones de la amplia aceptación que los términos tienen, y la advertencia sobre las lagunas, oscuridades y limitaciones que su regulación y práctica...