La calificación del concurso

Ricardo Alonso García es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Premio Extraordinario). Ha sido Investigador Visitante en las Universidades de Harvard y Nacional Autónoma de México, e impartido cursos de postgrado en foros europeos y latinoamericanos, incluida la Academia de Derecho Europeo de Florencia. Entre otras publicaciones, puede destacarse “El juez español y el Derecho comunitario”, Premio “Rafael Martínez Emperador” 2002, del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente es Catedrático de Derecho Administrativo y Comunitario de la Universidad...

Teoría sobre la imposición al valor agregado no es un Tratado ni un libro de exégesis de la Ley del IGV, pero sí uno en el que se pueden encontrar nociones profundas, preguntas, respuestas y referencias a doctrina y jurisprudencia, que —sin duda alguna— irán en auxilio para entender lo que supone un Impuesto al Valor Agregado e interpretar con mayor solidez la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (IGV).

Esta publicación llena el vacío que han dejado en Chile los estudios sobre la materia, únicamente reducidos a un análisis de las corporaciones y fundaciones. El libro se estructura a partir de las consideraciones básicas sobre la noción de persona y el sustrato de la personalidad jurídica. Analiza en profundidad temas tales como la nacionalidad de estas entidades, el abuso de la forma, su clasificación, los derechos y obligaciones de sus miembros, su patrimonio, divisiones y fusiones, conflictos de interés y el control de las mismas. La obra presenta también un reflexivo y...

Los bienes ilícitos solo sirven a los delincuentes si estos últimos logran separarlos de su origen y los incorporan al circuito económico. De ahí, los efectos preventivos y disuasivos atribuidos a la prevención, detención y sanción del lavado de activos. n lo penal, el resultado es una regulación compleja y problemática por su tendencia, expansiva (aumento de los supuestos sancionados y de las penas) que riñe con los principios rectores de los derechos penales nacionales, refractarios a criminalizar actos preparatorios, que suponen un mero peligro abstracto, o a las sanciones...