El procedimiento administrativo sancionador del orden social

La irrupción de escándalos de corrupción pública ante la opinión pública plantea habitualmente el debate sobre las razones por los que estos asuntos no son descubiertos más tempranamente por las instituciones de control. En su defensa, estas organizaciones suelen argumentar que han cumplido adecuadamente con su papel, pero que no han podido detectar las presuntas defraudaciones pues «los auditores no somos policías». Este libro trata de responder a esta controversia desde la perspectiva del Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado, a partir de...

El presente libro apoya a los intervinientes públicos y privados en la conducción acertada de los procesos contractuales orientándolos en la aplicación de normas, instructivos y técnicas necesarias. Además, presenta en forma descriptiva el paso a paso de los distintos modos de contratación en el Estatuto General con todas sus modificaciones, concordancias, resúmenes de jurisprudencia, explicaciones y comentarios puntuales para mayor claridad y cumplimiento de las normas actualizadas. Esta edición actualizada informa sobre los instrumentos tecnológicos oficiales de uso obligatorio y...

Este estudio adopta la tesis de que es posible que las costumbres sean fuentes de las obligaciones contractuales. Por lo tanto, trató de demostrar esta premisa a través de una investigación jurisprudencial (arbitraje y judicial) y por el método comparativo. Se concluyó que, dada la internacionalización del Derecho contractual, las fuentes costumeras internacionales deben ser objeto de tratamiento doméstico, ya que proporcionan una obligación contractual y no solamente la interpretación del negocio jurídico. No se puede, sin embargo, descuidar la necesidad de controlar su contenido....

Dos grandes deudas tiene el Estado colombiano frente al derecho funda-mental de acceso igualitario a los cargos públicos: una por acción y otra por omisión. La primera, al existir una desconexión entre el ser y el deber ser de los concursos de méritos, y la segunda, por carecer de una política pública que garantice el aspecto material del derecho a la igualdad. El concepto tradicional de meritocracia produce un déficit constitucional que no refleja la sustancia de un Estado social de derecho cuyos pilares son la justicia distributiva y la igualdad material. Se puede afirmar que el...