Libertad de información y derechos fundamentales: un equilibrio inestable

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha desarrollado un papel esencial para el impulso del europeísmo y la consecución de una -cada vez más- integrada Unión Europea.En el ámbito del Derecho público, la jurisprudencia del TJCE ha ido conformando un auténtico Derecho Administrativo comunitario mediante el reconocimiento de unos principios generales del derecho que dotan de unidad a todo el sistema administrativo: desde el principio de seguridad jurídica hasta el "non bis in idem".Esa intensa labor jurisprudencial llevada a cabo por el Tribunal desde su sede en Luxemburgo, ...

El tipo subjetivo como categoría dogmática es una adquisición relativamente nueva en la ciencia jurídico-penal. La autora se ocupa en esta obra de su significación y configuración actual resultado de largas discusiones dogmáticas sobre las bases fundamentales del delito y, ante todo, sobre el concepto de acción penalmente relevante. Adicionalmente aborda los autores y tendencias que han ejercido un papel determinante en las transformaciones operadas en la sistemática del delito. Este trabajo, con algunas modificaciones, es la versión castellana de la investigación presentada en...

La incorporación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a los Derechos nacionales plantea importantes retos de carácter multidisciplinar y que afectan de forma decisiva a diversos ámbitos del Derecho público y también influyen en el proceso de formación de un Derecho administrativo global. Partiendo de la regulación internacional de la cooperación al desarrollo, el presente libro lleva a cabo un análisis jurídico-administrativo del Derecho de la Unión Europea, del Estado español (previsiones constitucionales y de la Ley 23/1998) y de las...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...