Entre el Derecho y la Moral

La tarjeta o crédito revolving como producto crediticio supone la puesta a disposición del cliente de una línea de crédito hasta un límite pactado que, se paga de forma aplazada, mediante unas cuotas periódicas fijadas en el contrato, que pueden consistir bien en un porcentaje de la deuda o en una cuota fija, que el cliente puede elegir o variar dentro de unos mínimos fijados por la entidad. Estas cuotas que se abonan, pueden volver a formar parte del crédito disponible, renovándose de manera automática a su vencimiento mensual y, sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de...

Esta publicacion esta pensada para musicos y profesionales de la musica que desean actualizar sus conocimientos sobre la industria musical. Ofrece informacion practica que ayuda a los autores y a los interpretes a valorar la importancia de gestionar adecuadamente sus derechos de propiedad intelectual, y ademas les instruye sobre como labrarse una carrera de exito en la musica, generando ingresos a partir de su talento musical."

A raíz del surgimiento y la implementación de las teorías liberales, la aceptación de la persona como titular de derechos y del Estado como garante de los mismos, se invierte por completo la concepción reinante respecto de la estructura del poder y del papel del Estado y los límites al mismo; de un ejercicio de autoridad irresponsable y abusivo se avanza hacia un poder estructurado con base en el respeto al principio de legalidad, la dignidad humana y la libertad, así como responsable en caso de hacer uso desproporcionado de sus atribuciones. Es en este contexto histórico de lucha...

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.