Desafíos, necesidades y oportunidades para el mundo rural. La llamada a la aplicación de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el ámbito rural.

El terrorismo es uno de los ataques más graves a la seguridad de cualquier sociedad. Cada Estado ha de adoptar las medidas necesarias para combatir eficazmente los delitos de terrorismo, porque no sólo constituyen un peligro para las instituciones del Estado democrático, sino también una seria amenaza al conjunto de los ciudadanos. Al mismo tiempo, sin embargo, resulta claro que los esfuerzos por combatir el terrorismo –nacional o internacional– no justifican que se vulneren los derechos fundamentales o que sean abolidas las garantías esenciales del proceso penal. Este libro aborda...

El embargo de acciones de S.A. y de participaciones de S.L. constituye un tema de relevante actualidad, que no ha sido objeto de la suficiente atención por parte de la doctrina española. El presente estudio pretende llenar este vacío, abordando de forma rigurosa los variados y complejos problemas jurídicos que suscita la traba de participaciones en sociedades de capital. En especial, el autor pasa revista al contenido de los arts. 73 LSA y 38 LSRL (deteniéndose en el sentido de la remisión contenida en ellos), la forma en la que debe entenderse acordado el embargo y los efectos que...

La presente obra tiene como objeto de análisis las teorías de los siglos XIX y XX sobre la existencia de una lex Iulia municipalis general (de César o de Augusto) para la organización de los municipios; las teorías sobre la existencia de una lex Flavia municipalis, como supuesto “modelo” para las leyes municipales de España basada en la lex Iulia municipalis de Augusto; la existencia de elementos de continuidad entre las teorías estudiadas, la identificación de imprecisiones conceptuales y el uso inadecuado de conceptos antiguos y modernos. La obra está dividida en cuatro partes: ...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...