Convenios de colaboración entre administraciones públicas y convenios con administrados

En esta oportunidad, los profesores Carlos Arturo Gómez Pavajeau y Carlos Andrés Guzmán Díaz se ocupan de las estipulaciones probatorias en el proceso penal, es decir, de los acuerdos que hacen las partes para dar por probados o aceptados ciertos enunciados fácticos durante un juicio y, por tanto, tales hechos no serán objeto de debate. Para tal fin, los autores deciden plantear los problemas epistemológicos que se derivan de una verdad por consenso, pues, como bien se explica en el libro, el tema es realmente complejo, por lo que esta óptica es inédita en nuestro medio. Además,...

LECCIONES BÁSICAS PARA EL APRENDIZAJE DEL DERECHO CIVIL es un manual que facilita el estudio de toda Introducción al Derecho civil, asignatura que se imparte en un cuatrimestre o incluso menos en diferentes grados de nuestras Universidades, donde la escasez de tiempo para que el alumno adquiera las competencias y conocimiento necesarios, ha sido el punto de referencia a la hora de elaborar este manual, que reúne un conjunto de diez lecciones sencillas y breves, que vienen acompañadas de un cuestionario tipo test en cada una de ellas, facilitando un indicador previo a la evaluación del...

Esta obra analiza algunos de los retos que la globalización y la digitalización del mercado de trabajo presentan en la actualidad, e incluye interesantes propuestas para el logro de un empleo sostenible y decente que respete los postulados de la Agenda 2030. En la primera parte, se abordan los impactos de las sucesivas crisis económica y sanitaria en el mercado de trabajo, así como las características de la mejor gobernanza del trabajo global. En la segunda parte, se estudian las nuevas formas de trabajo a distancia y a través de plataformas digitales, que la globalización ha extendido ...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...