Contratación Pública. Esquemas.

Actualizados con las reformas operadas por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 31/2007, de 30 de octubre sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras; y Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Ricardo Alonso García es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Premio Extraordinario). Ha sido Investigador Visitante en las Universidades de Harvard y Nacional Autónoma de México, e impartido cursos de postgrado en foros europeos y latinoamericanos, incluida la Academia de Derecho Europeo de Florencia. Entre otras publicaciones, puede destacarse “El juez español y el Derecho comunitario”, Premio “Rafael Martínez Emperador” 2002, del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente es Catedrático de Derecho Administrativo y Comunitario de la Universidad...

"El autor reconstruye el problema de la publicidad de la información personal en poder del estado desde una perspectiva teórica y legislativa. Esta investigación genera aportes los planteamientos teóricos de la dicotomía entre lo público y lo privado, aporta precisiones conceptuales en las definiciones de privacidad, datos personales e información sensible, desarrolla una dogmática adecuada para solucionar en la práctica los problemas planteados por la tensión entre la máxima publicidad de la información del Estado y la información personal en poder del Estado. María Marvin Esta ...

En un Estado Social de Derecho como el colombiano, la actividad de la administración está sometida al principio de legalidad y supremacía de la Constitución que se encuentran ampliamente consagrados en nuestra Carta Política, esto sin embargo no es suficiente si los mismos no se concretan y se hacen realidad mediante la creación de normas y su consecuente aplicación, pues sería inocuo mantener una cantidad de mandatos legales que son desconocidos, ya que esta conducta desencadenaría en la más atroz desigualdad y posterior ilegitimidad del Estado. Para que un Estado pueda...

Constituye una desgraciada realidad cotidiana de nuestros tribunales penales la continua suspensión de los juicios orales, tal como se evidencia en las estadísticas judiciales publicadas en los últimos cinco años. Pese a la gran repercusión práctica que tiene la suspensión de los juicios, lo cierto es que no ha merecido en la doctrina la suficiente atención; todo lo contrario que la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional que, en menos de diez años, se ha pronunciado sobre esta institución en más de medio millar de sentencias. Lo cierto es que el ...