La acción de cumplimiento: ¿una respuesta a la inactividad estatal?

Ricardo Alonso García es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Premio Extraordinario). Ha sido Investigador Visitante en las Universidades de Harvard y Nacional Autónoma de México, e impartido cursos de postgrado en foros europeos y latinoamericanos, incluida la Academia de Derecho Europeo de Florencia. Entre otras publicaciones, puede destacarse “El juez español y el Derecho comunitario”, Premio “Rafael Martínez Emperador” 2002, del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente es Catedrático de Derecho Administrativo y Comunitario de la Universidad...

En la obra Riesgo operacional y servicio público se profundiza sobre las consecuencias que ha producido la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del nuevo concepto de "riesgo operacional" con la transposición de la Directiva 23/2014, de 26 de febrero, mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Dicha introducción ha producido una reformulación significativa de nuestra tradicional tipología de contratos con la desaparición de algunas figuras clásicas como el contrato de gestión de servicios y la aparición de algunas novedades como el contrato ...

Estudiar el régimen constitucional de los Presupuestos del Estado en la Constitución italiana, fue consejo que me dio Jaime García Añoveros, tras la noticia de que me habían concedido la Beca del Real Colegio de San Clemente de los españoles en Bolonia, desde luego, gracias a sus buenos oficios. A lo largo de mi vida académica nunca he dejado de prestarle atención a esa cuestión; que vuelva sobre ella, también tiene un mediador externo: el actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, el Prof. Alfonso de Castro, quien hace ya bastante tiempo, ideó una cita...

Esta obra no pretende dar solución a todos los problemas surgidos en el seno de la Sociedad de Información, pero sí llamar la atención sobre aquellos que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Busca, además, mostrar que la solución depende en gran medida de todos y cada uno de sus miembros, que han de ejercer sus derechos sin olvidar que quienes tienen mayor responsabilidad en el buen uso de la Red son los poderes públicos. Sólo así lograremos construir una sociedad digital sensata y coherente. A lo largo de los cinco capítulos se apuntan las cuestiones de...