Jurisdicción de familia XX años

La Ley General de Sociedades Mercantiles de México, promulgada en 1934 y posteriormente reformada, es una legislación clave que regula la creación, funcionamiento y disolución de las diversas formas de sociedades comerciales en el país. Esta ley establece los marcos legales y los requisitos para la constitución de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, entre otras. La ley prescribe las obligaciones y derechos de los accionistas, socios y administradores, así como las reglas para la toma de decisiones y la distribución de utilidades....

Las nociones de servicios de interés general (SIG) y servicios de interés económico general (SIEG) se han forjado en el ámbito de la Unión Europea para referirse a una serie de actividades esenciales para los ciudadanos que son fundamentales para promover la cohesión social y territorial. Mientras que a los SIEG se aplican las normas sobre el mercado interior y la competencia, en la medida que no sean incompatibles COD la misión de interés general encomendada, los servicios de interés general no económicos (SIGNE) no están sujetos a las mismas, si bien pueden estar sometidos a...

Los grupos de sociedades les permiten a las empresas que los integran satisfacer algunos de sus requerimientos económicos para ejecutar operaciones y negocios más fácilmente, así como proyectarse de manera eficiente en los mercados nacionales e internacionales. Se trata de mecanismos indispensables para aunar recursos, pues la concentración de capitales, trabajo y tecnología les procura obtener beneficios directos gracias a las relaciones que se construyen en su interior. En esta nueva edición, en homenaje al profesor Francesco Galgano, el lector encontrará un valioso instrumento para ...

Tribunal Supremo en relación con asuntos o materias de análoga naturaleza a las que, sin embargo, el tamiz jurisdiccional de cada Sala altera su identidad, resultando de ello decisiones jurisprudenciales contradictorias, es un hecho constatable, que obstaculiza ineluctablemente la labor nomofiláctica de nuestro Alto Tribunal. Ante este panorama, nuestro ordenamiento carece de un instrumento válido y eficaz para paliar estas antinomias, pues ni la Sala Especial de Conflictos contemplada en los artículos 42 y siguientes de la LOPJ, ni el empleo masivo de disposiciones legislativas ad hoc...