Escribir bien es de justicia

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.

El derecho al agua potable y el servicio público de acueducto necesitan criterios para analizar su constitucionalización, mediante la jurisprudencia. De ahí que este libro se enfoque en cinco de ellos, mediante estadísticas, consultas realizadas a derechos de petición y estudio doctrinal: 1) el enfoque del juez constitucional: según el precedente ¿en el área bajo estudio prima el derecho sustancial o existe mayor discrecionalidad del Estado, del Legislador y del Ejecutivo? 2) La categorización del derecho: ¿cuál es la naturaleza del derecho? 3) El mecanismo de defensa judicial:...

La obra pertenece al domino de la epistemología, concretamente, a una de sus subáreas más recientes: la epistemología naturalizada. Uno de sus problemas centrales es la evaluación crítica de las formulaciones más influyentes de epistemología naturalizada, a la luz de la cuestión de si las herramientas de la epistemología tradicional son suficientes para resolver ciertos problemas, o en realidad tales problemas son filosóficamente irresolubles porque solo la ciencia tiene la autoridad para resolverlos. Frente a las variadas formulaciones que se examinan en este libro, defenderé una ...

En oposición al principio de capacidad económica, es posible que la obligación tributaria se justifique y cuantifique en función de la actividad pública generada por el contribuyente. Se trata de una lógica conmutativa, propia de la justicia de los intercambios, que trata de establecer una equivalencia entre los dos elementos de la relación, a saber: la obligación tributaria y la actividad pública. Así, la aplicación del principio de equivalencia no atiende a la posición socioeconómica del sujeto dentro de la comunidad, sino que establece una relación bilateral poder...