El principio de culpabilidad en materia de infracciones tributarias

Este libro contiene una propuesta revisionista de la concepción tradicional del orden público económico. Inspirada en una visión libertaria, la obra, no obstante, revisa objetivamente y con rigurosidad los alcances de dicha noción y propone aquella que mejor se aviene con la Nueva Carta Fundamental de 1980. Este primer tomo repasa con prolijidad las numerosas aristas que ofrecen dos garantías constitucionales que configuran el eje de este nuevo orden público económico: la libertad económica y la no discriminación arbitraria en materia económica.

Sobre un mismo telón de fondo, los autores de este libro avanzan algunas ideas propias acerca de cómo la Corte, basándose en presuntas posiciones de las partes en conflicto en el caso incoado ante ella en 2008 por Ecuador en contra de Colombia, habría de desarrollar en su fallo sobre el fondo el Derecho Internacional Ambiental. Al así hacerlo, demuestran ellos un enfoque objetivo del caso. Es cierto que, al menos en lo que concierne a la posición del demandante, sus rasgos generales han sido ya trazados en la demanda, el escrito con que se inició la acción judicial.Merece destacar el...

Philippe Amiel presenta una investigación jurídica y sociológica sobre el derecho de los individuos a participar en experimentos biomédicos. La obra reconstruye la compleja genealogía del cuadro normativo vigente, la cual se asienta en las responsabilidades del médico e intenta proteger a los individuos sujetos de experimentación de posibles abusos, todo ello a raíz de lo determinado en los Juicios de Núremberg. Por otra parte, muestra la urgencia de un nuevo contrato social en materia de investigación biomédica, uno que articule la autonomía del individuo con la equidad en el...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.