El contrato territorial en la agricultura multifuncional

El artículo 24.1 de la Constitución Española establece que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Atento a que se trata de órganos judiciales, la tutela en cuestión no puede provenir sino del ejercicio de la función jurisdiccional, materializada en el dictado de una sentencia que resulte tanto eficaz como eficiente. Lo primero se logra a partir del dictado de un pronunciamiento que resulte verdaderamente ajustado a derecho; lo segundo, en cambio, de la mano de un decisorio que...

La Ley General de Sociedades Mercantiles de México, promulgada en 1934 y posteriormente reformada, es una legislación clave que regula la creación, funcionamiento y disolución de las diversas formas de sociedades comerciales en el país. Esta ley establece los marcos legales y los requisitos para la constitución de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en comandita, entre otras. La ley prescribe las obligaciones y derechos de los accionistas, socios y administradores, así como las reglas para la toma de decisiones y la distribución de utilidades....

Esta obra va fijando, a lo largo del período de tiempo que abarca, una doctrina que tiene junto a su carácter actual la importancia de una relevante aportación al estudio histórico. La labor consultiva, expresada en los dictámenes del Consejo de Estado, constituye en sí misma, no sólo una respuesta fundada a una consulta, tanto en cuestiones de legalidad como de oportunidad, sino un instrumento realmente válido de estudio, de formación de criterios y de orientación para posteriores actuaciones. En el amplio conjunto de temas que recoge este Compendio, confeccionado con breves...

Revisión iuspublicista de la previsión que, en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, permitía a los gobernadores civiles autorizar derribos de edificios arrendados, excepcionando la prórroga forzosa de aquellos contratos. Aunque formalmente derogada, resulta de gran actualidad por su aplicación a los arrendamientos concertados bajo su régimen y que afectan a viejos inmuebles que, con la expansión urbanística, han ido quedando muy bien situados y adquirido gran valor económico.