Derecho de obligaciones y contratos en general

El principio general de autonomía de la voluntad —el «standum est chartae» del Derecho civil aragonés—, se proyecta en sede de sucesiones en la libertad de disposición del causante, con la consideración de su voluntad como ley de la sucesión, siendo una manifestación jurídico institucional del mismo la partición realizada por el causante, que puede deberse a diferentes y variados motivos: desde asegurar el cumplimiento de su voluntad en la división y adjudicación de los bienes que componen su patrimonio hasta el ahorro de tiempo y gastos o el evitar pugnas y los litigios en...

Esta publicación reúne estudios sobre derechos sociales y el caso Cuscul Pivaral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sentencia que constituye un pilar fundamental en la línea argumental del Tribunal para la consolidación de la exigibilidad directa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en el contexto interamericano. Estas reflexiones resultan oportunas, ya que en la sentencia se fortalece argumentativamente la posición del órgano jurisdiccional interamericano al sostener que el artículo 26 de la Convención Americana sobre...

En este trabajo, se adopta una postura que explica que el tipo objetivo del delito imprudente no difiere en absoluto respecto del tipo objetivo del delito doloso y, por tanto, su diferenciación está en el lado subjetivo del tipo. La primera consecuencia relevante sería que la imputación objetiva y sus subinstitutos dogmáticos rigen de igual modo en ambas modalidades. Para construir nuestra postura hemos partido del par normativo-intelectivo conocimiento/no conocimiento relevante jurídico-penalmente. Además, hemos propuesto una normativización de las especies de culpa que las entienda...

Esta obra no pretende dar solución a todos los problemas surgidos en el seno de la Sociedad de Información, pero sí llamar la atención sobre aquellos que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Busca, además, mostrar que la solución depende en gran medida de todos y cada uno de sus miembros, que han de ejercer sus derechos sin olvidar que quienes tienen mayor responsabilidad en el buen uso de la Red son los poderes públicos. Sólo así lograremos construir una sociedad digital sensata y coherente. A lo largo de los cinco capítulos se apuntan las cuestiones de...