Contratación pública. De utilidad práctica en los asuntos jurídicos y técnicos.

Figuras procesales en el sistema penal acusatorio A pesar de que han pasado casi cinco años desde la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, todavía está lejos de consolidarse. Hoy, sus figuras procesales son poco conocidas, requieren de un mayor análisis y de perfeccionamiento. Por tales motivos, José Fernández de Cevallos analiza algunas de las figuras procesales más relevantes del nuevo sistema y establece algunos elementos que permitirán perfeccionar el proceso penal vigente en México. Todo Estado social y democrático de Derecho requiere de un ordenamiento procesal claro...

En oposición al principio de capacidad económica, es posible que la obligación tributaria se justifique y cuantifique en función de la actividad pública generada por el contribuyente. Se trata de una lógica conmutativa, propia de la justicia de los intercambios, que trata de establecer una equivalencia entre los dos elementos de la relación, a saber: la obligación tributaria y la actividad pública. Así, la aplicación del principio de equivalencia no atiende a la posición socioeconómica del sujeto dentro de la comunidad, sino que establece una relación bilateral poder...

Este libro trata de los aspectos más patológicos del sistema judicial español, como es la separación de poderes y la independencia judicial, permanentemente vulneradas por las instituciones, y especialmente por el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de Jueces y Magistrados, cuya composición (en sus doce miembros de procedencia judicial) se produce a instancia de los políticos (del Parlamento, Congreso y Senado), sin respetar el artículo 122.3 de la Constitución, con el resultado por todos conocido. En conexión con esta cuestión, se encuentran los nombramientos...

"...la atávica mentalidad prohibicionista, enmarañada entre temores reales y problemas imaginarios, se materializa en la violencia represiva y la crueldad carcelera del Estado. Su "guerra contra las drogas" es un fraude del que sus celadores se lucran a la vez que se despoja a la ciudadanía de derechos fundamentales. La prohibición hace más daño a la sociedad que el comercio y consumo de drogas ilegalizadas. La historia nos ha dado la razón y contamos con argumentos jurídicos, éticos y políticos sólidos para ponerle fin en definitiva..."